El juez retira la imputación a nueve concejales de Manilva por el caso 'La Parrada'
Considera que no hay indicios suficientes de criminalidad y que los ediles no recibieron dinero por votar el convenio que llevó a la cárcel a Pedro Tirado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ha sobreseído la causa abierta contra nueve concejales del equipo de gobierno de Manilva en 2003, entre los que se encuentra el actual alcalde, Salvador Zotano. Los hechos se refieren al denominado caso ’La Parrada’, relacionado con un convenio que permitió aumentar el valor y la edificabilidad de unos terrenos. Los ediles formaban parte del gobierno municipal de Pedro Tirado (PDEM, IU y Zotano) cuando se aprobó un convenio urbanístico sobre esta finca, propiedad de uno de los primeros detenidos por el caso ’Ballena Blanca’, y asunto que fue clave en el encarcelamiento del ex regidor manilveño el pasado octubre por un presunto delito de prevaricación y cohecho.
El juez considera en el auto al que ha tenido acceso este periódico que «no existen indicios suficientes de criminalidad y que no conocían la ilegalidad de su decisión al ratificar el convenio de la finca La Parrada, siguiendo tan solo en su proceder las consignas del alcalde (Pedro Tirado). El juez Torres dice además que la investigación revela que los ediles no percibieron cantidad alguna de dinero por su voto, parte de la empresa que adquirió los terrenos, Royal Marbella Estates S. L., ni de las personas que la controlan.
La sociedad adquirió entre 2002 y 2004 diversas fincas en San Roque (Cádiz) y Manilva, por importe de 7,24 y 2,49 millones de euros, respectivamente. Sus responsables, Aki Kujala y Stefan Biegert, se pusieron en contacto con Tirado para firmar un convenio por el que el Ayuntamiento se comprometía a incluir ’La Parrada’ en un expediente de cumplimiento de suelo urbanizable no programado y a determinar la programación de la parcela de mutuo acuerdo con la empresa, mediante el correspondiente plan de sectorización. El acuerdo se aprobó el 18 de marzo de 2004 por la Comisión Provincial de Urbanismo, tras el acuerdo municipal previo, adoptado el 28 de noviembre de 2003.
Un año después, Tirado y Stefan Biegert, que se encuentra en busca y captura, firmaron un segundo convenio por el que se otorgaba a las parcelas una densidad de 18 viviendas por hectárea, frente a las diez por hectáreas establecidas.
Beneficios millonarios
Los terrenos adquiridos por Royal Marbella Estates fueron vendidos en septiembre de 2004 a Desarrollos Urbanísticos La Parrada, por un importe de 101,69 millones de euros, lo que supuso un beneficio un año más tarde para la primera de 91,9 millones. Según el magistrado, el cuñado del entonces alcalde, Francisco Calle, percibió 2,1 millones de euros por intervenir como intermediario en la operación. Para ello, se constituyó la entidad Inmoest Intermediaciones, de la que el familiar de Tirado era titular.
En este sentido, el auto del magistrado acuerda que continúen las diligencias previas contra Aki Kujala, Pedro Tirado y su cuñado, Francisco Calle; el amigo de éste último, Rafael Fernández, quien supuestamente actuó como testaferro, y la empresa Royal Marbella Estates, para aclarar si los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho, prevaricación o blanqueo de capitales.
El auto califica de «increíbles» las donaciones anónimas
El registro de la vivienda del ex alcalde, Pedro Tirado, en octubre de 2005 puso de manifiestos las presuntas irregularidades. En la casa se halló una bolsa negra con 762.102 euros, la mayoría en billetes de 500 euros, que supuestamente corresponden a su parte en el beneficio de la venta. El juez Torres considera «increíbles» las alegaciones que en su momento realizó el ex regidor en las que aseguró que se trataba de donaciones anónimas de simpatizantes del partido que «llamaban a su puerta y dejaban el dinero». Un dinero, que según el juez, estaría al margen de la ley.
0 comentarios